#StopDiscriminación: por el derecho al voto de las personas con discapacidad

stop_manoMara quiere votar. Bueno, por lo menos que se respete su derecho a hacerlo. A sus 19 años debería poder hacerlo. Pero una última sentencia del Tribunal Supremo ratificaba, el pasado 17 de marzo, le priva de ese derecho.
Algo que, en palabras del presidente de Down Compostela, Juan Martínez, “viola los artículos 23 y 14 de la Constitución Española y los artículos 5, 12 y 29 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Todo comenzó cuando los padres de Mara, que tiene síndrome de Down, solicitaron una incapacitación parcial, pero “respetándole sus derechos personalísimos”, entre los que se encuentra la posibilidad de votar. De hecho, pudo ejercer este derecho en las elecciones europeas de 2014.
Pero sucesivas sentencias, la primera de septiembre de 2014, le privaba de ese derecho. Y aunque su familia recurrió, tanto la Audiencia Provincial de A Coruña como el Tribunal Supremo acaban de ratificar la sentencia. Sigue leyendo

“Código de la Discapacidad”

boeDesde el pasado otoño está disponible en la red el “Código de la Discapacidad”, un trabajo realizado por el Foro Justicia y Discapacidad que recopila todas las normas jurídicas nacionales e internacionales existentes sobre la discapacidad.
En el mismo se han recogido 115 normas legales (13 en su totalidad y 102 de forma fraccionada) lo que la convierte recurso muy útil y eficaz no sólo para su consulta, sino para divulgar la normativa, tanto nacional como internacional, relacionada con la discapacidad.
Con el “Código de la Discapacidad” se pretende facilitar la búsqueda de las normas jurídicas relacionadas con la discapacidad. Para ello se ha utilizado un texto fácilmente accesible que pueda ser consultado no sólo por los operadores jurídicos sino por cualquier persona interesada en la materia. Sigue leyendo

Legislación educativa sigue sin ajustarse a la educación inclusiva

EducaciónCPDSin lugar a dudas, uno de los principales caballos de batalla en lo que a inclusión se refiere es el tema de la educación.
Más si cabe porque cuando todavía no se había llegado a alcanzar dicha inclusión, en los últimos tiempos asistimos a retrocesos que han tenido una especial incidencia en quienes los han sufrido.
Son numerosas las familias y asociaciones que así lo denuncian y muchos los foros en los que se debate sobre este aspecto. La última muestra de esta realidad es el Informe Anual que la pasada semana presentó la Defensora del Pueblo en el Senado y el Congreso y en el que denuncia que la actual legislación educativa no se ajusta a la educación inclusiva que recoge la Convención Internacionales sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sigue leyendo

Educación inclusiva: sí… ¿pero no?

EducaciónCPDPinchando sobre la imagen superior puedes acceder al Artículo 24 completo de la CDPD de la ONU

Lo lógico es que a estas alturas de la película el título de esta entrada fuera algo así como “educación inclusiva sí o sí”. Pero difiere de esa formulación porque nuevamente ha quedado en entredicho si eso es cierto. Y en este caso por, nada más y nada menos, que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), hecho público la semana pasada, y que ratifica las sentencias que desestiman la demanda de los padres de un niño con autismo a poder escolarizarlo en un colegio ordinario.
Dicho fallo ha causado mucho malestar y preocupación (aspectos ambos que compartimos) entre las entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad ya que se entiende que con el mismo se pone en entredicho la educación inclusiva que recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por lo tanto, se están resintiendo sus derechos.
En su sentencia el TC entiende que, aunque la actual legislación educativa (LOE, 2006) obliga a la Administración a promover la escolarización de los menores con discapacidad en centros ordinarios dándoles “los apoyos necesarios para su integración”, en este caso “dichos apoyos son desproporcionados o no razonables” por lo que impone a los padres a su escolarización en un centro especial.
Ante este fallo, las entidades del ámbito de la discapacidad han mostrado ya su preocupación. Por ejemplo, el CERMI ha emitido un comunicado en el que “lamenta la decisión del TC de no amparar a un alumno con discapacidad, que ignora la Convención de la ONU”. Sigue leyendo

Aprobada la nueva “Ley de Atención a la Discapacidad”

LADAcaba de ser aprobada la nueva “Ley de Atención a la Discapacidad”. En la misma se han refundido en único texto las tres leyes genéricas de discapacidad vigentes en España (la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad).
La ley llega con un año de retraso con respecto al plazo inicialmente previsto y ha sido consensuada con las principales entidades del sector y actualiza las normas siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sigue leyendo

Reformar la ley para no privar del derecho a voto por discapacidad

votoAhora que Ángela Bachiller se ha convertido en la primera concejala con síndrome de Down, desde las asociaciones vinculadas a la discapacidad se ha vuelto a denunciar la contradicción y discriminación que existe en la ley cuando otras personas en condiciones similares a las suyas siguen teniendo negado el derecho de voto por motivo de discapacidad.
Pues bien, parece que ya se están dando los primeros pasos para que los partidos políticos pidan la reforma de la Ley Electoral para que ninguna persona con discapacidad sea privada del este derecho. Sin embargo, esto no es algo nuevo y todavía habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
De hecho, en septiembre de 2011, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su informe sobre España, instó a nuestro país a cambiar su legislación electoral por vulnerar el derecho a la participación política en plenitud de las personas con discapacidad.
El pasado año, el CERMI dirigió a los portavoces parlamentarios de la Comisión Constitucional del Congreso una propuesta de reforma de la legislación electoral española vigente, que permite la posibilidad de que los jueces, en los procesos de incapacitación, priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad. Sigue leyendo

“Tienes derecho a votar: que nadie te lo quite”, guía para personas con discapacidad

DERECHO“Cada vez que a una persona con síndrome de Down se la incapacita judicialmente asistimos a su muerte civil”. Así se explicaba Fabián Cámara en una entrevista que publicó el periódico ‘cermi.es semanal’ en noviembre del año pasado.
La incapacitación es uno de los caballos de batalla más significativos cuando se denuncia que la legislación todavía no se ha adaptado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la pérdida del derecho de voto de las personas con discapacidad una de las consecuencias de la misma.
Afortunadamente, se van dando pequeños pasos. En marzo de 2011 se dictó la primera sentencia en la que se reconocía a un joven con síndrome de Down los derechos a voto, a casarse, a testar y a disponer de las rentas de su trabajo, revocando parcialmente una resolución previa de un Juzgado de Irún que lo declaró “totalmente incapaz”. En enero de este mismo año, un juez acaba de reintegrar dicho derecho a una joven gallega con síndrome de Down.
Pero de momento estos episodios son puntuales que no solucionan la situación de 80.000 personas que según datos de la Fiscalía General del Estado, hay en España privadas del derecho de sufragio por sentencia judicial.
Por ello, el CERMI acaba de editar una guía práctica en lectura fácil que orienta a las personas con discapacidad a las que se les ha privado el derecho de voto sobre los pasos a dar para recobrarlo y gozar así de un derecho fundamental que asiste a cualquier ser humano. Con esta iniciativa se pretende animar a recuperar dicho derecho a las personas con discapacidad privadas del mismo. Sigue leyendo

Reintegro parcial al derecho al voto para una joven con síndrome de Down

dvotoJusto en la anterior entrada de DOWNberri (Personas con discapacidad: sujetos de derecho, no objetos de caridad), nos hacíamos eco, coincidiendo con el comienzo de año, de nuestro deseo renovado de exigir el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual significa la adaptación de las legislación a dicha Convención.
Como ejemplo del incumplimiento hicimos referencia a una noticia de mediados de diciembre por la que supimos que  una chica con síndrome de Down, declarada incapacitada en grado absoluto desde su mayoría de edad, había reclamado al juez su derecho a votar.
Pues bien, ayer mismo podíamos leer que un juzgado civil de Ferrol ha estimado la demanda y le ha concedido dicho derecho. Eso sí, acuerda la reintegración parcial de su capacidad (en lo referente al voto), manteniendo el resto de su incapacidad. Sigue leyendo

Down España ante la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal

DOWN ESPAÑA. Todos los derechos reservados

En plena época de recortes que afectan a tantas personas y a todo tipo de ámbitos, nos hacemos eco de la nota de prensa que Down España ha enviado en respuesta a los recortes que afectan a la Ley de Dependencia.
En la misma se considera que el Real Decreto Ley 20/2012 aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros perjudica a las personas con síndrome de Down al retrasar hasta el año 2015 la prestación de los servicios reconocidos en la legislación actual a una parte importante del colectivo.
Por ello, DOWN ESPAÑA ha solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy a través de una carta firmada por su Presidente, José Fabián Cámara, que haga una verdadera reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que impulse decididamente la promoción de la autonomía personal y no se centre en la mera asistencia pasiva y de atención a las personas dependientes.

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Denuncian el incumplimiento de los derechos en materia de discapacidad

Mónica Sumay y María Galindo, representantes
de SOLCOM, junto a Xavier Torres, relator de la ONU.
(Fuente: asociacionsolcom.org)

Son ya varias entradas las que hemos dedicado a los derechos de las personas con discapacidad (que tienen su más fiel reflejo en la “Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad” de la ONU)  y su aplicación tanto en la adecuación de las leyes como en el  cumplimiento real de las mismas.
De hecho, hace poco más de un mes informábamos de la publicación en  el BOE de fecha 2 de agosto de 2011 de la Ley 26/2011, que adapta a la Convención y reforma una veintena de normas del marco legislativo español para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a ámbitos como el empleo, la sanidad o el transporte, entre otros.
Sin embargo, son muchas las asociaciones y organismos vinculados al ámbito de la discapacidad las que siguen encontrando insuficientes estos cambios por las continuas vulneraciones de estos derechos. De hecho unos de los lectores de Downberri nos remitió un enlace a la página de change.org en el que se denuncia que España viola la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. 

En este contexto de cambios y denuncias el pasado 20 de septiembre en Ginebra, dos asociaciones, SOLCOM (Asociación solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social) y Mental Disability Advocacy Center (otra entidad independiente húngara)   denunciaron estas vulneraciones
Ese día se celebraba la comparecencia de España ante el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, órgano encargado de evaluar la aplicación de la Convención de la ONU. La secretaria general de Política Social del ministerio de Sanidad, presentó un informe ante el relator especial de la comisión para abordar la situación en España. En el mismo se defendía los “grandes avances” logrados en España.
SOLCOM y Mental Disability Advocacy Center presentaron conjuntamente un informe alternativo al oficial del gobierno y al del CERMI. En dicho informe deja muestras de las continuas violaciones de derechos humanos fundamentales que cometen con impunidad las administraciones autonómicas y estatal, fomentando la segregación escolar, la falta de promoción de la autonomía personal, los malos tratos en residencias, trabajo o accesibilidad universal, entre otros temas.
El relator  tras leer y escuchar los dos informes, afirmó que el gobierno español “debe trabajar más para aplicar de manera efectiva y real la legislación relativa a promover los derechos de las personas discapacitadas y dar más información acerca de la situación en la que vive este colectivo”.
En el siguiente enlace (El relator de la ONU, codo a codo con SOLCOM)  podéis leer el comunicado de prensa de SOLCOM dando a conocer su iniciativa y en el que valora positivamente lo sucedido como un paso adelante en el largo camino que queda por recorrer para conseguir la igualdad real de las personas con discapacidad.