Decálogo por el Derecho a la Educación Inclusiva

solcom-absolucion-padres-ruben-callejaHace un mes que el juez declaró su absolución. Ahora que ya se ha conocido la sentencia completa, los padres de Rubén y SOLCOM, una de las organizaciones que le está brindando su apoyo en este ya largo camino, han realizado una rueda de prensa haciendo una valoración de la misma al tiempo que han presentado un Decálogo por el Derecho a la Educación Inclusiva (#DecálogoDerechoEducaciónInclusiva).
Recordaremos que Alejandro y Lucía habían sido acusados de abandono por negarse a enviar a su hijo Rubén a un centro especializado. Esa negativa, que se mantiene desde hace cuatro años, era porque querían (y siguen queriendo) para él una escolarización en un centro ordinario.
El juicio se celebró el pasado mes de abril y en el mismo el fiscal retiró los cargos. Pero la sentencia definitiva no sólo le absuelve de esa acusación sino que, en palabras de Alejandro en dicha rueda de prensa, avala su larga lucha por la inclusión educativa protegiendo y defendiendo al menor.
En la sentencia se incide en que para que hubiera existido el delito de abandono del que estaban acusados, tendría que haber existido una despreocupación de los padres. Y, sin embargo, los hachos han demostrado que su actitud “no representa pasividad, pero sí enfrentamiento con la administración.”
El abogado de SOLCOM, Juan Rodríguez Zapatero se mostró tajante en la rueda prensa al explicar que “no puede haber delito porque lo que se está pidiendo es un derecho”, al tiempo que explicaba que ha quedo claro que el sistema no garantiza todavía la educación inclusiva.
Por eso, así lo recordaron en la rueda de prensa, esta sentencia no soluciona el problema que existe en el origen. Aunque sus padres han quedado absueltos de un delito que no cometieron, Rubén sigue sin tener la posibilidad de ser escolarizado en un centro ordinario.
Por ello, la familia de Rubén y SOLCOM siguen pidiendo a la Consejería de Educación que Rubén, y otras personas que están pasando por esa situación, puedan volver a sus centros ordinarios. Por eso, nosotros también tenemos que seguir exigiendo #uncoleparaRuben
De momento, el litigio para conseguir la escolarización de Rubén sigue su curso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Por último, la rueda de prensa también sirvió para que SOLCOM presentar un Decálogo por el Derecho a la Educación Inclusiva a los poderes públicos, partidos políticos, asociaciones, y sociedad en general.

Decálogo por el Derecho a la Educación Inclusiva

Fuente: asociacionsolcom.org

1. Un derecho fundamental.

El derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental. Varios instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales así lo han reconocido y en especial, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde abril de 2008. El propio Tribunal Constitucional (sentencia de 27 de enero de 2014), ha destacado que es un derecho fundamental constitucionalmente reconocido y ha señalado que la educación debe ser inclusiva, es decir, se debe promover la escolarización de los menores en un centro de educación ordinaria, proporcionándoles los apoyos necesarios en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad.

2. Compromiso de toda la sociedad.

La efectividad de este derecho a la educación inclusiva y la garantía de su disfrute pleno, requieren: modificaciones legislativas; cambios en los comportamientos y procedimientos de las Administraciones Públicas; interpretaciones judiciales acordes con el carácter de derecho fundamental y un compromiso de toda la sociedad, de los poderes públicos, de los partidos políticos, de las asociaciones y desde luego, de los propios ciudadanos.

3. Aprobación de una Ley básica integral de la educación inclusiva.

En el ámbito legislativo exigimos, de manera prioritaria, la aprobación de una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva. Que contenga una definición clara de la educación inclusiva. Que establezca “la cláusula contra el rechazo”, de tal manera que se prohíba la denegación de la admisión de cualquier persona en la enseñanza general y se garantice la continuidad de su educación en la misma. Que incluya, de manera inequívoca, la obligación de los poderes públicos de poner los apoyos necesarios y efectuar los “ajustes razonables” para asegurar que la educación inclusiva sea real en los colegios ordinarios. Que garantice la adecuada participación de los padres y de los menores en todo el proceso que asegure la efectiva realización de la educación inclusiva. Una Ley básica, que ha de tener el rango de Ley Orgánica y de Norma Básica, porque afecta a un derecho fundamental que debe ser igual en toda España. No pueden existir diferencias de trato en función de las distintas normas de cada Comunidad Autónoma.

4. Derogación inmediata de los artículos 74 de la LOE y 18.3 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.

En todo caso y de manera inmediata, deben adaptarse las Leyes educativas a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello requiere la derogación inmediata del artículo 74 de la Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006 y el artículo 18.3 de la Ley General de los derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, de 29 de noviembre de 2013. Ambos preceptos son incompatibles con la Convención.

5. La escolarización ha de garantizarse en centros ordinarios.

La escolarización ha de garantizar siempre el acceso a centros ordinarios con los apoyos y los ajustes razonables necesarios, cuando se trate de personas con necesidades educativas especiales. Los centros de educación especial, en su configuración actual, no son compatibles con la Convención. Y tampoco lo es la escolarización en aulas específicas dentro de los centros ordinarios que separan a los niños por razón de discapacidad. En todo caso, la decisión de escolarizar a un menor en un centro de educación especial, no podrá hacerse nunca contra la voluntad de los padres. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Procurador del Común así lo ha puesto de manifiesto en sus informes.

6. Los derechos de los padres.

El derecho a la educación inclusiva es un derecho de todas las personas. Los padres, en este sentido, deben tener el papel que les corresponde en el ejercicio del derecho a la educación inclusiva: garantizar que se hace efectivo el derecho de sus hijos a recibir una educación inclusiva de calidad. Tanto los menores como sus padres tiene que tener reconocida la plena participación y decisión en todos los procedimientos que afecten a la escolarización. Es urgente establecer mecanismos que resuelvan de manera ágil las reclamaciones de los padres en este ámbito.

7. Deben modificarse procedimientos y orientación de los informes psicopedagógicos.

En el ámbito de las Administraciones Públicas: los dictámenes de escolarización han de suprimirse: suponen una desigualdad de trato discriminatoria para los menores con discapacidad con respecto a los demás alumnos. Y la Administración Educativa no puede fundamentar sus decisiones, refiriéndose únicamente a dichos dictámenes. Deben revisarse los protocolos y procedimientos de las personas con necesidades educativas especiales; los informes han de ser educativos, centrados en señalar los apoyos y los ajustes razonables que resulten necesarios y en ningún caso en aspectos psicológicos y sobre la discapacidad.

8. Ha de ponerse fin a actuaciones represivas contra los padres que ejercen el derecho a la educación inclusiva de sus hijos.

Las comisiones de absentismo escolar, no pueden ser instrumentos que sirvan para denuncias penales contra los padres que ejercen el derecho a la educación inclusiva de sus hijos y discrepan de aquellas decisiones que vulneran ese derecho. No puede ser tratado como un delito o una falta ejercer un derecho fundamental y reclamar la efectividad del mismo. Así lo ha dicho la Fiscalía General del Tribunal Supremo y la sentencia que absuelve a los padres de un niño con Síndrome de Down, acusados de abandono de familia.

9. Los poderes públicos están obligados a poner todos los medios personales y materiales para educar a todas las personas, incluyendo por supuesto a los alumnos con necesidades educativas especiales, en centros ordinarios al menos hasta la finalización de la enseñanza obligatoria.

Los centros ordinarios han de contar con todos los medios personales, de formación del profesorado y materiales precisos para la efectiva escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales y adecuar sus estructuras y diseño para que esa escolarización en condiciones de igualdad resulte posible. Así, lo ha expresado la Defensora del Pueblo en su informe anual de 2014.

El derecho a la educación inclusiva de calidad se ha de poder ejercer durante toda la vida de la persona, pero los poderes públicos tienen la obligación de garantizar que al menos todos los niños y niñas que han de recibir su educación de forma obligatoria la realicen de forma que sea una educación inclusiva de calidad.

10. El Poder Judicial y la Fiscalía han de tener un papel activo para la protección efectiva del derecho de la educación inclusiva.

El Consejo General del Poder Judicial, debe implicarse. Reclamamos el establecimiento de una instancia o comisión del mismo, que establezca un observatorio sobre la aplicación efectiva del derecho a la educación inclusiva. Las Fiscalías Provinciales deben establecer protocolos de actuación en esta materia.

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