Educación inclusiva: sí… ¿pero no?

EducaciónCPDPinchando sobre la imagen superior puedes acceder al Artículo 24 completo de la CDPD de la ONU

Lo lógico es que a estas alturas de la película el título de esta entrada fuera algo así como “educación inclusiva sí o sí”. Pero difiere de esa formulación porque nuevamente ha quedado en entredicho si eso es cierto. Y en este caso por, nada más y nada menos, que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), hecho público la semana pasada, y que ratifica las sentencias que desestiman la demanda de los padres de un niño con autismo a poder escolarizarlo en un colegio ordinario.
Dicho fallo ha causado mucho malestar y preocupación (aspectos ambos que compartimos) entre las entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad ya que se entiende que con el mismo se pone en entredicho la educación inclusiva que recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por lo tanto, se están resintiendo sus derechos.
En su sentencia el TC entiende que, aunque la actual legislación educativa (LOE, 2006) obliga a la Administración a promover la escolarización de los menores con discapacidad en centros ordinarios dándoles “los apoyos necesarios para su integración”, en este caso “dichos apoyos son desproporcionados o no razonables” por lo que impone a los padres a su escolarización en un centro especial.
Ante este fallo, las entidades del ámbito de la discapacidad han mostrado ya su preocupación. Por ejemplo, el CERMI ha emitido un comunicado en el que “lamenta la decisión del TC de no amparar a un alumno con discapacidad, que ignora la Convención de la ONU”.
En dicho comunicado, el CERMI explica que “el TC no ha asumido el paradigma de la educación inclusiva, en toda su intensidad y alcance, que establece el tratado de derechos humanos de Naciones Unidas en materia de discapacidad”. La consecuencia es que no se ha reconocido el derecho a poder elegir la modalidad de escolarización, como permite la legislación española.
Además, el CERMI denuncia que “el Tribunal, como otros muchos poderes públicos y operadores jurídicos, parecen desconocer en gran medida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y deciden cuestiones como si esta no existiera o no comportara una interpretación radicalmente distinta de lo que era habitual hasta ahora, antes de la entrada en vigor, en el 2008, del texto internacional.”
En este sentido recuerda que en materia de educación inclusiva la Convención “es profundamente transformadora y obliga a alterar los modelos, criterios y normas de funcionamiento que venía aplicándose hasta el momento en España.”
En este caso existe además otra cuestión legal: como desde que en 2010 se estimó que el niño tenía que ser escolarizado en un centro especial, los padres decidieron no enviarlo a la escuela, pesa sobre ellos una denuncia de abandono.
Al igual que el CERMI, otras entidades vinculadas al mundo de la discapacidad (por ejemplo, DOWN España) lamentan esta sentencia por considerarla un retroceso en el ámbito de la educación inclusiva y el incumplimiento de la Convención, que en su artículo 24 recoge que “los Estados Partes  asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles en igualdad de condiciones con los demás”.

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