Reivindicando el Empleo con Apoyo

La celebración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo es una fecha propicia para la denuncia y la reivindicación  de los derechos de los trabajadores. También para la de aquellos colectivos que, independientemente de la crisis, tienen en el empleo uno de sus principales escollos. Entre estos colectivos, los de las personas con discapacidad es uno muy amplio y castigado (están en un estado permanente de crisis).
De entre las posibles reivindicaciones (la mayoría de ellas, de tan mencionadas, son de sobra conocidas), hemos querido destacar la planteada por DOWN ESPAÑA, quien ha manifestado su preocupación por la situación crítica de los programas de Empleo con Apoyo (ECA). Estos programas son una fórmula que tienen la doble finalidad de lograr la inserción laboral pero permitiendo que las personas con discapacidad y que lo hagan en entornos laborales no protegidos, bien dentro de la empresa privada o en puestos de la Administración. Actualmente más de 5.000 personas con discapacidad intelectual trabajan de forma normalizada gracias a los programas de ECA.
Sin embargo, tal y como Down España ha denunciado en una nota de prensa con motivo del Día Internacional del Trabajo, comienza a haber preocupación en relación al acceso al empleo en empresas ordinarias de las personas con síndrome de Down que está viviendo su situación más crítica de los últimos 15 años.
En 2006 el Gobierno dio estabilidad a los programas de ECA para las personas con especiales dificultades para su integración laboral, entre las que se encuentran las personas con síndrome de Down, mediante la publicación de un Real Decreto regulatorio. De esta forma se propiciaba un avance muy significativo hacia la normalización y la verdadera integración social y laboral de las personas con síndrome de Down.
Down España recuerda que el fomento del acceso al mercado laboral ordinario queda recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008, que reconoce en su artículo 27 “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, (…) a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”. Por otro lado también compromete al Gobierno de España a “promover el empleo de las personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas”.
Otra cuestion que Down España considera clave son los costes. Según el último informe del INICO (Universidad de Salamanca) de 2011, más de 200 organizaciones sociales desarrollan en la actualidad programas de integración laboral de ECA, realidad que puede verse seriamente afectada tras los últimos recortes presupuestarios.
Por ello, DOWN ESPAÑA pide que se tenga en cuenta que esta modalidad de inserción laboral, además de contribuir a la integración social del colectivo, implica un menor coste para el Estado, lo que supone un factor clave a tener en cuenta en el contexto de la actual crisis económica.
Así, una persona que trabaja en un Centro Especial de Empleo cuesta a la Administración un mínimo de 7.500 euros/año durante toda su vida laboral mientras que una persona que trabaja mediante Empleo con Apoyo cuesta el primer año 9.000 euros, el segundo 6.000 euros y el tercero y sucesivos 4.500 euros, lo que supone un 36 % de ahorro respecto al empleo protegido si tomamos como ejemplo una vida laboral de 20 años y un 44 % de ahorro en una vida laboral de 30 años.
A esto hay que añadir que las personas con discapacidad intelectual que trabajan no suponen gasto alguno al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y contribuyen de manera activa aportando sus cotizaciones al sistema de Seguridad Social y pagando impuestos al erario público.
Por todo ello, DOWN ESPAÑA pide a las Comunidades Autónomas que no efectúen recortes al Empleo con Apoyo e insta al Gobierno a que realice un esfuerzo para mantenerlo y mejorarlo, a través de la promulgación de una nueva legislación que le otorgue un impulso definitivo.

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