Manifiesto contra los recortes sociales

Una de las consecuencias de la crisis actual son los recortes económicos que están afectando a muchos ámbitos. Entre otros al de las asociaciones y colectivos que trabajan por la discapacidad. Esto está poniendo en grave riesgo el mantenimiento de muchas de los programas que en los últimos años han permitido mejorar la calidad de vida de estas personas y de su entorno.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre de 2011, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),  que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España, ha elaborado el manifiesto “No a los recortes, por los derechos sociales y la continuidad y estabilidad de la discapacidad”.

El manifiesto incide sobre la exclusión social que sufren las personas con discapacidad y sus familias e indica cómo la crisis económica incide más y tiene un mayor impacto sobre ellas. Por ello, ante el peligro o riesgo de retroceso de las “aún precarias conquistas sociales y de derechos obtenidas, gracias a la lucha del movimiento social de la discapacidad”, el CERMI sostiene que “estos avances deben ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte” y que “los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión”, mantiene.
El manifiesto recuerda que los recortes sociales en el ámbito de la discapacidad “debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias”.
Por ello se pide un compromiso “firme” por parte del nuevo Gobierno central y autonómicos con respecto a los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad y de sus familias, mediante el desarrollo de legislaciones, políticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la agenda política.
“La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para detener las políticas públicas de discapacidad ni para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las personas con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno”, añade.
El manifiesto del CERMI también hace referencia a la lucha por una auténtica autonomía personal de las personas con discapacidad, para lo que solicita un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta.
Además, el CERMI advierte que la superación de la actual crisis económica y de empleo que sufren las personas con discapacidad y sus familias “no puede pasar por la salida fácil de recortar o suprimir los derechos y prestaciones de carácter social”.
También recuerda que la forma de abordar la discapacidad es el enfoque de los derechos sociales, que tiene su plasmación política y jurídica en la Convención de la ONU. Por ello, pide una permanencia de esta visión, desde las legislaciones, políticas y acción pública hacia las personas con discapacidad, así como que en la próxima legislatura, continúa, “habrá que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes normativos a la Convención”.
Otro aspecto que recoge el manifiesto del CERMI es la movilización cívica, con la que el Comité expresa que actuará para impedir y contrarrestar la adopción de medidas que vayan en contra de la inclusión y la protección social de los grupos ciudadanos más vulnerables, alertando, movilizando y activando sus estructuras y su capacidad de influencia y presión para la consecución de estos objetivos.
Por último, el CERMI hace referencia a la coparticipación, es decir, para el Comité, actualmente, los poderes públicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que éstas surjan con la legitimidad ciudadana imprescindible.

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