Incapacitación y derecho al voto

Elecciones. Derecho al voto. Pensar, comparar, escuchar, reflexionar, decidir, elegir… poder votar. Esto, que es un derecho para las mayoría de las personas mayores de edad, se convierte en un problema y un nuevo caso de discriminación para muchas personas con discapacidad.
Estos días, con motivo de las elecciones, Down España ha recordado al Gobierno su obligación de hacer accesible el voto a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, tal y como establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Convención, vigente en España desde el 3 de mayo de 2008, en su artículo 29 establece la necesidad de adaptar tanto los materiales electorales, como los programas de los partidos políticos, las papeletas de voto o la señalización en los colegios electorales para que sean fáciles de entender para este colectivo y crear las salvaguardias necesarias para garantizar el voto libre y secreto.
Al mismo tiempo, ha reivindicado que estas personas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y pueden ejercer su derecho al voto, salvo que se encuentren incapacitados para ello por dictamen de un juez.
Estas reivindicaciones y “recordatorios” son necesarios y se tendrán que repetir con cada proceso electoral en la medida que no se cumplan los requisitos necesarios para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos.
Un botón de muestra lo hemos encontrado en un artículo publicado en larioja.con. Con el título de “Ciudadanos de pleno derecho” se nos muestran dos ejemplos distintos de personas con discapacidad y sus posibilidades de ejercer su derecho al voto

TIENDA DE CAMPAÑA
Ciudadanos de pleno derecho
JAVIER CAMPOS | LOGROÑO 19.05.2011
Discapacitados intelectuales de La Rioja reivindican poder votar el 22-MF

Íñigo no le encuentra ninguna explicación lógica: justo él, tan interesado en política y tras haber acudido a votar puntualmente desde que alcanzase la mayoría de edad, no podrá hacerlo el próximo domingo después de que un juez le incapacitase totalmente a instancias de su familia negándole también el derecho a sufragio.
Íñigo, de 35 años, tiene síndrome de Down y desde hace dos sus padres, ya mayores, solicitaron su incapacitación en pro de su protección «de cara a cuando ellos falten». De poco sirvió que en su demanda incluyesen un informe de la trabajadora social pidiendo la incapacidad parcial para que, en su caso, le fuese mantenido el derecho a voto. «Sabíamos que era importante para él, pero recibida la sentencia nos dimos cuenta de que no lo habían tenido en cuenta», explica su madre, Vega Murugarren.
Casos como el de Íñigo no son excepción. Y es que como él, que trabaja en uno de los centros especiales de empleo de Asprodema, hay decenas de personas con capacidad intelectual que tienen negado el derecho al voto a pesar de que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por Naciones Unidas en el 2006 establece claramente que tienen el mismo derecho a votar que el resto y que son las propias Administraciones las que deben garantizárselo. Así lo pone de manifiesto Silvia Andrés, directora de FEAPS La Rioja, quien denuncia que hasta ahora los jueces incapacitan «de forma automática» para el sufragio «sin la escucha previa» de los propios interesados.
«Hablamos de derechos, de ciudadanía y de inclusión», añade Andrés. Y es que desde la federación que dirige se viene advirtiendo en los últimos años de que en la mayor parte de los casos, similares al de Íñigo, se priva del derecho al voto sin efectuar un análisis adecuado de cada situación ignorando que la propia persona manifieste su interés por ejercerlo. «Aquí no vale el café para todos», concluye. Los discapacitados intelectuales comienzan a reivindicar sus derechos… que van más allá del 22-M. No en vano, en lo que va de año hay indicios de que algo está cambiando. El hecho de que una sentencia haya reconocido recientemente a un joven guipuzcoano con síndrome de Down el derecho a voto, entre otros, revocando su incapacitación total no solo ha servido como acicate para el conjunto del colectivo sino que ha venido a marcar el camino a seguir. «Se trata de continuar con una campaña de sensibilización judicial para que no se actúe porque sí y se analicen los casos concienzudamente pues no todo el mundo no vale para todo», aclara Silvia Andrés.
Dentro de sus reclamaciones, FEAPS solicitaba el pasado septiembre tanto a la Fiscalía General del Estado como al Consejo General del Poder Judicial el respeto a un derecho fundamental como es el sufragio en los procesos de modificación de la capacidad legal de las personas con dispacidad intelectual. Y a tenor de la sentencia, se felicitan de que el mensaje vaya calando.
Distinta situación que la de Íñigo sería la de Luis Lázaro, que con 48 años participará incluso como interventor de un partido político en las próximas autonómicas y municipales, o el de Ricardo Zavala, quien a sus 33 años ha votado siempre y se plantea si acudir o no a las urnas el próximo domingo. «La verdad es que poco oímos a nuestros políticos sobre lo que harán o dejarán de hacer en beneficio de las personas con discapacidad intelectual», protesta. Al igual que Íñigo, viven con sus padres, trabajan en centros especiales de empleo y sienten de cerca la actividad política. Pero ellos, al no estar incapacitados judicialmente, sí que podrán ir a votar.

Ver artículo en larioja.com

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