Los derechos civiles de las personas con síndrome de Down visto por la familia

Tras conocer la sentencia por la que por primera vez se reconocen a un joven con síndrome de Down el ejercicio de ciertos derechos como el derecho a voto, a casarse, a testar o a disponer de las rentas de su trabajo, ahora hemos conocido una interesante valoración que la familia ha realizado de la misma.
Ha sido Ainhoa, hermana del joven, la ha lo ha hecho, incidiendo en que “por primera vez se empieza a tener en cuenta a la persona con discapacidad y sus limitaciones, pero también sus capacidades”.
Se ha mostrado convencida de que el hecho de ofrecer el “testimonio” de su familia en este caso puede ser también “una forma de ayudar al resto de personas que están en un proceso similar y que tal vez no han tenido la misma suerte” que su hermano.
Ha recordado, en este sentido, que hasta ahora cuando se decretaba una incapacidad se tendía “a anular todos los derechos civiles” de la persona afectada.
Según explica Ainhoa, un día en la vida de su hermano, de 27 años, es tan “normal” como el de cualquier otro joven de su edad, pues “se levanta a la mañana, se desplaza de Irun a San Sebastián para hacer su trabajo de media jornada como camarero y luego vuelve a casa para hacer sus actividades de ocio”.
“Queda con sus amigos -añade-, hace teatro y tiene una vida muy ordinaria y normal y de eso se trata, porque lo que la sentencia recoge es que realmente lleva una vida muy normal, y que él posee capacidad suficiente para llevarla así”.
Por todo ello, la Audiencia ha dictado “una sentencia a su medida”, algo que, en su opinión, “se debería hacer siempre” con todas las personas discapacitadas involucradas en un proceso de incapacidad “pero que desgraciadamente hasta ahora no se estaba haciendo”.
Ainhoa reconoce que la sentencia es “muy interesante”, porque constituye “una innovación muy importante dentro del tema de las incapacidades”, aunque paradójicamente, no va a suponer “un cambio sustancial” en la vida de su hermano.
Las familias de personas con discapacidad están obligadas a tramitar su incapacitación al cumplir los 18 años, como una forma de “protección”. Desde ese momento suelen ser los padres quienes lo representan en todos los ámbitos. La consecuencia es que todos sus derechos civiles “quedan anulados” porque “se entiende”, muchas veces erróneamente, que no tienen capacidad para decidir sobre sí mismos.
Ainhoa explica que, para evitar una anulación total de estos derechos, algunas familias optan por no solicitar la incapacitación de su pariente. Sin embargo, esta forma de actuar supone un riesgo porque “no se puede negar que necesitan una protección y una serie de supervisiones y apoyos en algunos aspectos de su vida”.
“En nuestro caso -ha agregado Ainhoa-, tenemos que agradecer mucho al fiscal que ha llevado el caso, porque ha sido él quien ha recurrido y ha hecho que las cosas se hagan como se deben de hacer, que no es lo habitual”.

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