La incapacitación no es la solución

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Una Convención o Tratado internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional que tiene fuerza vinculante. Es decir, que es de obligado cumplimiento para los Estados una vez que lo firman y ratifican.
España ratificó la CDPD el 3 de mayo de 2008, por lo que desde ese momento este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. Uno de los logros de la CDPD es que se convierte en una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad.
En su su Artículo 12 de la Convención se reconoce la igualdad de las personas ante la ley y reafirma que:

“…las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.”

Esto choca de frente con el Código Civil vigente, anterior a la Convención, que establece la necesidad de incapacitar jurídicamente a una persona con discapacidad intelectual importante.
Tal vez el siguiente ejemplo que plantea Carlos Marín, Asesor Jurídico de Down España, sirva para ilustrar la situación actual:

“La doctrina del Tribunal Supremo es sencillamente inaceptable. Concederle a una persona el derecho a ejercitar su capacidad de obrar (Artículo 12 de la Convención, punto 2), imponer al Estado la obligación de prestar apoyos a ese ejercicio (punto 3), exigir al Estado que adopte las medidas necesarias para que ese ejercicio no provoque abusos (punto 4) y concluir, como hace el Supremo, que la manera de impedir el abuso es eliminar el derecho a ejercicio de la capacidad de obrar, además de una lamentable técnica jurídica, es como si una ley dijera –que lo dice– que quienes van en silla de ruedas tienen derecho a usar el transporte público; impusiera, en consecuencia, a la compañía de autobuses la obligación de adoptar medidas que faciliten ese derecho y ésta, en lugar de montar plataformas para izar la silla de ruedas –que es lo que hace– solucionara el problema prohibiendo a la persona salir de su casa. Y, para completar la analogía, le dijera “pero no te preocupes porque ni lo vas a echar de menos, porque ya he puesto yo en tu lugar a otra persona, con un par de piernas bien fuertes, para que te traiga de la calle todo lo que necesites y que vaya por ti al cine, al trabajo o a pasear; de modo que ni te vas a enterar de que vas en silla de ruedas, y además te ahorras tener que hacer colas y, en un momento dado, sufrir un accidente.”

En el actual régimen legal, la incapacitación no es voluntaria: los familiares (los padres en su caso) están obligados a promoverlas en el Juzgado. Si una persona es susceptible de ser incapacitada pero no se tramita el proceso, no por ello es jurídicamente capaz, sino que un “incapaz no incapacitado”. Y como tal le tratará la ley.
A las personas con incapacidad la ley le priva de la facultad de obrar por sí mismas, declarándolas incapaces, y les impide ejercer por sí mismas sus derechos y contraer obligaciones: tienen capacidad jurídica (pueden ser titulares de pisos, acciones, etc.) pero no tienen capacidad de obrar (no pueden realizar contratos de compraventa, arrendamientos, etc.,) sin la asistencia de otra persona.
Frente a esta realidad, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, además de reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, invita a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. De esta manera, frente a la pura y mera sustitución que plantea el marco actual, se decanta por el apoyo o los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica plena.
En conclusión, se reconoce a las personas con discapacidad el derecho a tomar sus decisiones y a que éstas sean respetadas: desde manejar de forma autónoma su dinero, hasta abrir una cuenta bancaria, comprar un piso o gestionar su herencia. Esto significa que no cabe la sustitución o la representación en la toma de decisiones o en el gobierno de sí misma y de los derechos e intereses de la persona, a causa o por motivo de discapacidad. La Convención contempla el apoyo, pero se impone a la persona que debe ejercerlo el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad y la obligación de fomentar su autonomía. En definitiva, propone graduar el apoyo en lugar de graduar la discapacidad.
Es verdad que no todas las personas con discapacidad han conseguido alcanzar un grado adecuado de autonomía y que no conocen lo bastante bien su entorno como para poder realizar actos jurídicos sensatos. Pero como se ha demostrado en otros ámbitos de la vida (educación, trabajo, ocio, vida independiente…) es con la enseñanza y el hábito de realizar actividades de la vida social ordinaria como se les ayuda a salir de la discapacidad o a minimizar sus efectos.
Lógicamente, la adecuación a la Convención requiere de ciertos cambios que ya se están dando. Por ejemplo, en octubre de este año, el Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla la modificación de un total de diez leyes.
También DOWN ESPAÑA va dando sus pasos. El primero, ha sido un cambio significativo en su recomendación a las familias. Antes recomendaba a los padres que incapacitaran judicialmente a sus hijos con discapacidad intelectual. Sin embargo, desde marzo de este año recomienda a las familias que esperen, que no pongan en marcha nuevos procedimientos de incapacitación. Hay dos motivos principales: el primero, que la incapacitación entra en conflicto con los dictados de la Convención y con la futura legislación española (podría ser incluso necesario modificar las sentencias anteriores); el segundo, la apuesta de DOWN ESPAÑA por la promoción de la autonomía del colectivo y que ha hecho que haya familias que se nieguen a aplicar esa incapacitación legal.
Además,Down España acaba de informar de que participará en un grupo de trabajo que analizará la implantación de la Convención en Iberoamérica y elaborará las propuestas de reformas legislativas pertinentes para garantizar los apoyos necesarios que hagan posible la igualdad en la capacidad jurídica de todas las personas. Su trabajo será asesorar al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en relación a la adaptación del sistema legislativo español a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con discapacidad. Se unirá a la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se convertirá “en órgano de consulta y evaluación de los resultados a los que se llegue en el desarrollo de este proyecto”. El estudio se desarrollará a lo largo de los dos próximos años y en él participarán -además de España- países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú o México. La finalidad de la investigación será analizar los diferentes sistemas jurídicos de estos países para identificar aquellas normativas que entren en colisión con la filosofía del artículo 12 de la Convención
Una vez que se despejen las dudas y a la vista de las decisiones del Gobierno y del parlamento, será el momento de volver a estudiar la situación; pero -por ahora- lo conveniente es no hacer nada… o tal vez sí. Seguir apoyando a nuestros hijos e hijas para que puedan llegar a las mayores cotas de autonomía posibles para que, además, cuando llegue el momento, puedan actuar con plena capacidad legal.

4 pensamientos en “La incapacitación no es la solución

  1. Llevo un montón de tiempo dándole vueltas a este asunto, he asistido a las conferencias que se han organizado sobre ello, organizadas por la FSDM con la ONCE, e impartidas por la Notaria de Almadén (de Ciudad Real que me perdone pero no recuerdo su nombre en este momento, lo buscaré y lo pondré, se lo merece por buena profesional) estrecha colaboradora del equipo jurídico de la FSDM. Bien pues ni ella, ni los padres asistentes ni nadie que yo conozca se atreve a afirmar qué modelo es el bueno a seguir. Seguramente la legislación cambiará, y lo hará a mejor, tiene que ser. Desde luego nunca solicitar la incapacitación legal antes de los 18 años, porque no modifica ningún estatus legal ni patrimonial el tenerla antes. Y después… depende… si hay bienes materiales que administrar… si el histórico de decisiones de la persona a incapacitar nos hace temer por su seguridad o estabilidad…En fin, que el artículo acaba perfecto: " una vez que se despejen las dudas y a la vista de las decisiones del Gobierno y del parlamento, será el momento de volver a estudiar la situación; pero -por ahora- lo conveniente es no hacer nada… o tal vez sí." me apunto a esto.Saludos, Juanjo

    Me gusta

  2. El estado español tiene muy mala leche, otro de mis comentarios es que a ciertas personas sin ser unos locos les dán un trato jurídico espeluznante, como el de la INCAPACITACIÓN LEGAL ¿en que consiste? en privarles de todos los derechos…Pueden ser internados en centros psiquiátricos sin previa revisión médica y se les pueden someter a un tratamiento durante años hasta su muerte….del derecho de presentar una denuncia en comisaría (dejándose impunidad)…del derecho de tener revisión periódica médica…carecen del derecho de casarse civilmente…el abogado puede rechazar tu petición…el juzgado te impide interponer un recurso….de tener reconocida una minusvalía al márgen de la corrupción…de opinar por prensa y medios de comunicación…son desoidos como testigos…puede secuestrarle su tutor…además carecen del derecho de voto…no tienen derecho a ayuda financiera, no puede usar su cuenta bancaria…que sus familiares en caso de traicionarles se llevan su trabajo y les roba su pensión….etc;en caso de la discapacidad fuera verdadera que apliquen el principio de igualdad y que cumplan la NORMATIVA EUROPEA y la CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (todos tenemos personalidad jurídica.La ley de incapacitaciones se dictó en 1983 con Felipe González (Gobierno de PSOE), por eso la sociedad española sigue llena de prejuicios y estereotipos; eso no pasa por la mayor parte de los países de europa ni de latinoamérica.¿que clase de socialistas o izquierdistas son estos?En 1999 el PP dictó una ley para impedirles una revisión periódica incluso por su cuenta (dentro de la derecha son totalitarios y fascistas).LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ÉS.

    Me gusta

  3. Tenía un coche a mi nombre, y por orden del tutor legal sin que yo hiciera nada, injustamente me lo dieron de baja definitivamente. Ahora en mi patrimonio tengo un coche menos.

    Me gusta

¡Nos interesa tu opinión!

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s