Divergencias entre la Convención de la ONU y la Ley de Autonomía Personal

Tal y como se informa en la web de Down España, un estudio realizado por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” evidencia las divergencias de modelo entre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006) y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia (promulgada en España un día después)
Ambos cuerpos normativos, gestados paralelamente en el tiempo, y que se proyectan sobre realidades con evidentes conexiones entre sí, parecen diferir en cuanto a los principios, valores y modelos de concebir la discapacidad que los informan, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que encargó y publica el informe.

Mientras que la Convención proclama y hace suyo el llamado modelo social de la discapacidad, esta Ley, pese a su denominación, “permanece anclada en varios de sus aspectos fundamentales en esquemas asistencialistas, propios de etapas felizmente  superadas”, asegura el CERMI. Estas divergencias de enfoque y regulación se han visto agravadas en tanto el Tratado internacional fue firmado y ratificado por España, por lo que desde mayo de 2008 entró a formar parte del ordenamiento jurídico español, al que ya pertenecía la Ley. Para el CERMI, “el conflicto jurídico, podría decirse, estaría servido”.
Examinar esa fricción es precisamente el objeto del presente estudio, encargado por el CERMI al Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, y dirigido por los profesores Rafael de Asís y María del Carmen Barranco.
El informe, titulado El impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, analiza las diferencias y afinidades de ambas disposiciones normativas, para al final formular propuestas de modificación de la legislación nacional en materia de autonomía personal y dependencia para acomodarla a la Convención.
Con este estudio, el CERMI desea aportar un elemento valioso para el debate en curso sobre la evaluación y revisión de la Ley, que ha de producirse por mandato de la propia norma a los tres años de su entrada en vigor.

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