Personas con discapacidad: sujetos de derecho, no objetos de caridad

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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supone que las personas con discapacidad dejen de ser “objeto” de políticas de beneficencia o asistenciales para pasar a ser “sujetos” de derechos humanos en los que se debe promover su plena inclusión y participación social.

Hace 6 años, el 13 de diciembre de 2006, se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD). En su artículo 1 declara que “el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”
Hace casi cinco años, el 3 de mayo de 2008, la CIDPD entró en vigor (desde su aprobación tenía que ser ratificada por al menos 20 Estados Parte). Tiene fuerza vinculante por lo que es de obligado cumplimiento para los estados una vez que lo firman y ratifican: están obligados a realizar las modificaciones necesarias para adaptar sus legislaciones a la Convención.
Hace apenas dos semanas,
leíamos que una chica con síndrome de Down ha reclamado su derecho a votar, derecho que tiene vetado desde que fue declarada incapacitada en grado absoluto en el año 2001.
La petición ha llegado a los tribunales por iniciativa de los padres de la chica, incapacitada en grado absoluto desde su mayoría de edad, que como tienen su patria potestad ejercen la acción en su nombre, apoyándola. La petición cuenta con un informe médico favorable así como el del fiscal (cuya participación resulta obligada al tratarse de una persona con una incapacidad absoluta). En su contra, el Código Civil vigente, anterior a la Convención, que establece la necesidad de incapacitar jurídicamente a una persona con discapacidad intelectual importante.
Según datos de 2011, este no es un caso aislado: unas 80.000 personas con discapacidad tenían privado su derecho a voto por resolución judicial.
Hace una semana
estrenamos el 2013. El comienzo de año es un momento propicio para los buenos propósitos, para marcarse metas. Y una de ellas debe ser reivindicar que se sigan produciendo las reformas legislativa necesarias para adaptarse a la CIDPD que garanticen el pleno desarrollo de sus derechos.
Son muchas las cuestiones pendientes, el de la incapacitación es sólo uno más. En el mes de noviembre, sin ir más lejos, el CERMI planteó una serie de reformas penales y civiles en materia de discapacidad para cumplir la Convención de la ONU (en el que, entre otras cuestiones, reclama la reforma del Código Civil para pasar de la incapacitación a los apoyos para la toma de decisiones)
No cabe duda de que la CIDPD ha supuesto cambios sustanciales para el colectivo de personas con discapacidad porque las ha hecho “visibles” en el campo de los derechos y las ha dotado de una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer sus derechos. Pero el tiempo pasa…
Por eso hoy, mañana y pasado mañana, y más en un momento como el actual, en el que la crisis está debilitando los servicios sociales de los que muchas personas con discapacidad dependen para mantener una vida digna, es el momento de exigir con más fuerza que nunca no sólo el mantenimiento de dichos recursos, sino el de dar todos los pasos necesarios para el cumplimiento de la Convención: pero con la fuerza que da el saber que no son una cuestión de “caridad” por parte de otras personas o de los poderes públicos, sino porque lo contrario supone una violación del ejercicio de sus derechos. Ni más, ni menos.

NOTA: A los tres días de publicar la entrada, un juez decretaba el reintegro parcial al derecho al voto para la joven con síndrome de Down de la que hablamos en la entrada.
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Un pensamiento en “Personas con discapacidad: sujetos de derecho, no objetos de caridad

  1. Pues sí, hoy más que nunca, es necesario reclamar y defender esto. Parece mentira que estemos hablando de una convención de 2006. Gracias por ponernos al corriente.

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