Primera sentencia que reconoce derechos a joven con síndrome de Down

El conflicto que se crea entre la Convención de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 reafirma que “…las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica”, y el actual Código Civil, que obliga a incapacitar jurídicamente a las personas con discapacidad intelectual importante, está generando la necesidad de dar una respuesta que soluciones la situación.
Hace apenas dos semanas, tras un Foro de Directivos  y Gerentes de las 83 asociaciones que componen la Federación, reiteró, dada la incertidumbre exixtente, “recomienda a las familias que no opten por la incapacitación jurídica y que en caso de que sea absolutamente necesario, que acudan primero al fiscal especializado en discapacidad que corresponda a la jurisdicción de su ciudad o provincia, para que pueda analizar el caso particularmente, orientarles y proponer el procedimiento más adecuado antes de iniciar cualquier trámite.”
Pues bien, en estas estamos cuando acaba de conocerse la primera sentencia en en España,en la que se reconoce a un joven con síndrome de Down los derechos a voto, a casarse, a testar y a disponer de las rentas de su trabajo, revocando parcialmente una resolución previa de un Juzgado de Irun que lo declaró “totalmente incapaz”.
La decisión del juzgado irunés fue justo la contraria a la que pretendían los padres del joven y la Fiscalía de Protección de Discapacitados y Tutelas de Guipúzcoa, que habían solicitado una incapacidad parcial, para que el chico pudiera mantener la mayoría de sus derechos civiles.
Por este motivo, la Fiscalía recurrió la decisión de este Juzgado ante la Audiencia Provincial, que ahora le ha dado la razón, y ha decretado la incapacitación “parcial” del joven, al que le permite mantener sus derechos de sufragio, a contraer matrimonio y a disponer de sus bienes para hacer testamento.
La Sección Tercera de la Audiencia guipuzcoana ha accedido también a la petición del Ministerio Público de que los progenitores conserven parcialmente la patria potestad, así como la representación del joven en “actos de administración extraordinarios” y que puedan asistirle en la gestión de su patrimonio y en las decisiones personales “de especial trascendencia”.
Para ello, la Fiscalía pidió en su recurso que se valorara “la notable integración social y grado de autonomía personal” del chico “a pesar de su discapacidad” y que se tuviera en cuenta que, dado su alto grado de comprensión de la realidad, su incapacitación total podría conllevar “una repercusión negativa” en los “progresos” que había logrado “tanto en el ámbito laboral como en sus relaciones sociales y familiares”.
El Ministerio Público argumentó asimismo que, según los forenses, se trata de una persona “autónoma para las actividades de la vida diaria”, ya que “acude a diario a su trabajo usando el transporte público”, sabe leer y escribir, “así como resolver pequeños conflictos con los que puede encontrarse” de forma cotidiana, pues el retraso mental que padece es “moderado”.
Los forenses reflejaron también que el joven precisa de “terceras personas para su gobierno y tutela”, si la Fiscalía consideró que ello no supone que esta tutela “haya de ser absoluta y total”.
El recurso del fiscal también se apoyó en los testimonios de los familiares más directos del chico, quienes declararon que gestiona su abono de transporte y se desplaza a trabajar por sí solo, e incluso “resuelve incidencias” como cuando unas obras alteran sus recorridos en medios de transporte públicos.
Los allegados del joven también declararon que éste es capaz de hacer las compras, cocinar comidas básicas, ordenar su habitación y colaborar en las tareas domésticas “como cualquier otro miembro de la familia”.
Además, el chico tiene su propia cuadrilla de amigos, puede aprender nuevas tareas y maneja su propio dinero, que obtiene de dos trabajos distintos, aunque suele ir acompañado al banco “por si hay algún problema, pero no porque lo precise estrictamente”.
Una de sus hermanas opinó incluso que el joven “tendría capacidad para vivir por su cuenta”, pues “no necesita supervisión para todos sus actos, sino sólo en los económicos” para los que precisa “apoyo u orientación”.
Finalmente, el Ministerio Público apeló a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “de imperativa aplicación”, y que determina que la interpretación de las limitaciones de derechos por incapacitación “sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas”.
En declaraciones a Efe, la Fiscalía de Protección de Discapacitados y Tutelas ha expresado hoy su satisfacción por esta sentencia que ha permitido “el reconocimiento de los derechos civiles de una persona discapacitada” que de otra manera hubiera sido totalmente incapacitada.

About these ads

Un pensamiento en “Primera sentencia que reconoce derechos a joven con síndrome de Down

  1. Es una cuestión muy delicada y está claro que no vale "café para todos". De lo que no me cabe ninguna duda es que si esta es la sentencia es que este joven está capacitado para ajercer sus derechos.A ver si se producen cambios en la buena dirección para posibilitar que las personas con discpacidad, con los apoyos necesarios, puedan ejercer sus derechos y que no les sean negados por sistema

    Me gusta

¡Nos interesa tu opinión!

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s